Esto lo tengo claro desde 2009, cuando apoyamos la retransmisión de un evento organizado por un grupo de derechos humanos de la Universidad de California en Berkeley, que se llamaba “El alma de la nueva máquina: derechos humanos, tecnología y nuevos medios”, donde múltiples actores sociales globales compartieron sus prácticas de incorporación de TIC (sistemas de información geográfica, imágenes satelitales, recopilación de datos y de seguridad, tecnologías móviles, fotografía digital, multimedia, animación, internet) para denunciar crímenes de guerra y otras graves violaciones de derechos humanos y difundirlas mundialmente en tiempo real. En ese marco, leo y comparto con ustedes el proyecto colombiano La Otra Orilla de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia, e imagino su potencialidad.
La Otra Orilla propone un ejercicio simple: TIC en manos de periodistas amenazados y exiliados de las regiones para que sigan desempeñando su labor. Tendrán los retos, las ventajas y las desventajas de tener que hacerlo en la distancia, pero con la conciencia de que esta es su opción al estar exiliados por la violencia (en 2011 cerca de 180 periodistas sufrieron algún tipo de abuso). Al final, su ejercicio periodístico responsable se logra mantener sobre temas y en sitios que de otra forma quedarían silenciados. Sin duda es una herramienta que será clave en temas como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Este tipo de ejercicios son indispensables para la democracia y obligan a mirar con ojos muy críticos otros temas, como el que toca en su columna de esta semana Ramiro Bejarano. Me refiero al Decreto 1704 de 2012 o el decreto que da carta blanca para el espionaje al Estado colombiano a través de la información de los usuarios y mediante las infraestructuras de los proveedores de comunicaciones en el país, sin respetar las garantías constitucionales. Esto merece análisis independiente, pero vayan mirándolo, parece que no hubiéramos aprendido nada del desafortunado episodio de las chuzadas del DAS.
